Por: Manuella Aguirre Lavarrere
(Mackandal)
“…porque
de la abundancia del corazón habla la boca.”
Mateo, 12:34
El
racismo, como fenómeno ideológico de exclusión hacia un grupo determinado, y
ente contaminador de buenas voluntades, fragmenta a la sociedad.
En
el caso de Cuba, una práctica ideológica racista pulula en los mismos genes de
la nación. Está vinculada a un discurso excluyente en el andamiaje político de
control y filtraje.
Para
los afrodescendientes son ampliamente visibles los espacios de confinamiento.
Son vistos como ese otro indeseable a través de una política de rechazo,
históricamente presente en la vida cubana.
El
racismo opera como un mecanismo de defensa para quienes lo practican. Lejos de
reconocerlo está la política, que siempre desde las leyes trata de vigilar la
conducta de ese otro grupo que puede en un momento dado reclamar sus espacios
de participación en la sociedad en que vive.
La
ortodoxia, el conformismo dogmático y el monogenismo del poder, hacen imposible
el avance y solución de los problemas de los afrodescendientes cubanos. Eso va
mucho más allá de reconocer sus logros y aportes a la cultura nacional y
algunas propuestas de cargos políticos, que si bien podrían ayudar a visualizar
el tema y saldar esta deuda, hacen mutis por el foro al no estar los que deben
estar, sino esos, que desde el discurso oficialista hacen una doble lectura
para desacreditar la posición de quienes emiten criterios contestatarios, para
hacer creer que se trata de “apátridas al servicio de una potencia extranjera”.
Todo para no reconocer la existencia de un pensamiento disidente sobre el
fenómeno racial cubano.
La
permanencia de prácticas racistas en Cuba no es una construcción imaginaria, es
una realidad presente en la política. El régimen, que ejerce el gobierno
absoluto del pensamiento y la vida nacional, tiene la responsabilidad moral de
eliminar el racismo.
De
haber una plena voluntad política de lograr la igualdad ciudadana, existiera
una ley orgánica que garantice las demandas de los discriminados. Pero no
existe un mecanismo legal para condenar el racismo, y eso conlleva a una
política estatal racista.
Publicado por Primavera Digital, noviembre 15 de 2012 •
año 5
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