(Mackandal)
Me cuentan amigos ya viejos que antes del triunfo de la revolución castrista, existía en Cuba el Organismo de Regulación de Precios y Comercios (ORPA), que establecía importes legalmente establecidos para el manejo y desenvolvimiento de la vida productiva cubana. En aquellos tiempos, cada centavo valía y el respeto al cliente era factor obligado en todos los comercios del país.
Hago este recordatorio debido al aumento excesivo y desenfrenado que ha tenido el transporte en la actual provincia de Artemisa, donde la población depende casi absolutamente de los camiones y camionetas particulares.
Estos camioneros al garete de porque sí suben el precio del pasaje cada vez que se les antoja. En menos de tres meses, su precio se ha multiplicado. Este constante abuso se produce sin que autoridad alguna se digne siquiera a dar una explicación razonable al respecto.
Existe una tarifa de precio por kilometraje, que ha sido violada. Era obligado mostrarla, pero ya no existe. Es un modo de poder explotar más al pasajero, donde sólo vale lo que diga el camionero.
Al implantarse el sistema tributario, los pocos inspectores que existían se escudaron en él para ver qué provecho podían sacar a base del soborno y la desvergüenza. El jefe de transporte también tiene parte en la repartición del pastel. Dejan que los tiburones se bañen a su antojo, en fin de cuenta, ellos también se salpican, ¡y vaya de qué manera!
No pagan derecho de vía. Sólo la contribución acordada. Trabajan con talonario de una terminal estatal, en este caso de Artemisa o Guanajay y adquieren el combustible por la izquierda, a siete pesos moneda nacional el litro.
A esta situación se han referido en varias ocasiones periodistas del oficialista periódico Granma y de otros medios de la prensa radial y escrita, pero sin el valor de emplazar al régimen por esta situación, y sin que hasta el momento el Ministerio de Transporte, entidad representativa del gobierno, haya hecho algo a favor de la ciudadanía, esa que cada día ve encarecerse más el costo de vida, de por sí ya bastante cara.
Nada justifica el vandalismo sobre ruedas. Los propietarios tienen derechos, pero tiene que existir un orden y un respeto cuando se presta un servicio público.
La responsabilidad en el desajuste del transporte en la provincia Artemisa no recae precisamente en los propietarios de estos incómodos medios de transporte. Ellos sólo aprovechan la brecha para lucrar. Los verdaderos responsables, con su irresponsabilidad, son tanto el gobierno local como el central, que no se dignan en asignar a esta cenicienta al occidente de la capital siquiera la mitad del transporte que necesita, para dar al menos, una mínima comodidad a los ciudadanos y aliviar en algo sus bolsillos.
El egocentrismo parasitario de los dirigentes, lejos de unir, desarticula el bienestar y los valores ciudadanos. Cada cubano debe ser tomado en cuenta. No todos tenemos el privilegio de tener un carro particular o del estado a nuestra disposición, aun cuando no se rinda servicio social alguno.
Un régimen incapaz de solucionar algo tan sencillo y necesario para la mayoría de los cubanos como es el transporte público, que demuestra su impotencia ante problemas cruciales y de urgencia para la ciudadanía, no tiene justificación alguna para permanecer en el poder.
Publicado por APLP, 22 de septiembre de 2011.
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